La muerte de Renee Good, una mujer estadounidense de treinta y siete años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha abierto un debate legal y político en Estados Unidos, luego de que el vicepresidente JD Vance afirmara que el agente involucrado cuenta con “inmunidad absoluta”, una declaración que especialistas en derecho policial han desmentido.
El hecho ocurrió el pasado miércoles durante una operación federal en Mineápolis, cuando el agente Jonathan Ross disparó contra Good, quien —según la versión de la Administración de Donald Trump— habría intentado atropellarlo con su vehículo. Desde el inicio, el gobierno federal ha sostenido que el agente actuó en defensa propia, pese a que la investigación continúa en una fase preliminar.
Profesores de derecho policial en la Universidad de Minnesota, aseguran que los agentes federales no cuentan con inmunidad absoluta. “No existe base legal para esa afirmación”, explicó en entrevista, al subrayar que este tipo de protección no aplica automáticamente a funcionarios federales.
Los agentes sí pueden acogerse a otras figuras legales, como la inmunidad de supremacía, siempre y cuando su actuación haya sido necesaria, adecuada y conforme a la ley federal. No obstante, si se demuestra que el uso de la fuerza fue negligente, imprudente o injustificado, dicha protección se pierde, conforme a lo establecido en la Cuarta Enmienda de la Constitución.
En ese escenario, el agente podría enfrentar cargos tanto a nivel estatal —como homicidio involuntario o asesinato— como en el ámbito federal, por la posible privación intencionada de derechos constitucionales.
El caso se asemeja al asesinato de George Floyd en mayo de 2020, también en Mineápolis, que derivó en protestas nacionales bajo el lema Black Lives Matter. En aquel caso, el expolicía Derek Chauvin fue condenado tanto por tribunales estatales como federales, mientras que otros tres agentes fueron sentenciados por no intervenir.
La investigación actual está en manos del FBI, que mantiene bajo resguardo las pruebas del caso. Tanto el gobernador de Minnesota, Tim Walz, como el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, han solicitado la participación de autoridades estatales, pero denunciaron que el gobierno federal les ha negado acceso al expediente. EFE
